VIOLENCIA SEXUAL COMO ESTRATEGIA DE GUERA Y APROPIACIÓN DE LA MUJER

LA INSTRUMENTALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL COMO ESTRATEGIA DE GUERRA (Y DE APROPIACIÓN DE LAS MUJERES)

La apropiación de las mujeres por cualquiera de las partes que se enfrentan en cualquier conflicto armado será hoy y siempre inaceptable, porque nuestras luchas, nuestras reivindicaciones, nuestros sueños, nuestras vidas, no les pertenecen ni en medio de la guerra ni en tiempos de “paz”. 

Andrea Marcela Barrera 

Fuente de la imagen: www.noticias.terra.com

Desde hace varios años es bien sabido que el conflicto armado en Colombia ha tenido efectos desproporcionados sobre las vidas y los cuerpos de las mujeres. Se trata de una realidad constatada mediante testimonios valientes de muchas de ellas que han alzado su voz para denunciar y para contar sus experiencias y sus proyectos de vida; de mujeres que se han organizado para enfrentar juntas, hombro a hombro, los sufrimientos de esta guerra y para construir otros futuros a punta de esperanzas y de fuerza colectiva; de investigaciones desarrolladas por académicos y sobre todo académicas comprometidas con los derechos y la emancipación de las mujeres colombianas; de sentencias de las Cortes del país que han rehusado a cerrar los ojos ante la realidad de miles de colombianas cuyas vidas han cambiado para siempre a causa del conflicto armado.

Hoy es difícil desconocer que las mujeres llevan sobre sus espaldas una buena parte del peso creado por el dolor que va dejando la guerra, ese dolor muchas veces invisible pero bien profundo generado por la pérdida de sus hijos e hijas, de sus padres y familiares asesinados, de sus esposos desaparecidos, de sus vecinas y amigas que nunca volverán. Difícil desconocer que son ellas las que deben llegar mayoritariamente a ciudades contaminadas por la polución, por el afán, por la indiferencia; así como negar que muchas de ellas deben librar batallas kafkianas para recuperar las tierras perdidas, usurpadas, llenas de dolor y de palma. Difícil también desconocer que sus cuerpos han sido puestos al servicio de las estrategias militares de la guerra, de sus avatares espantosos, del reforzamiento de las violencias contra las mujeres inherentes a las sociedades patriarcales como la colombiana. Negar la violencia sexual es como negar que el conflicto armado existe: ¡imposible!

Imposible…Bueno, sí…Depende…En nuestro país, bien lo sabemos y estos últimos meses, especialmente, nos han dejado ver que, tristemente, depende. No porque haya sectores que nieguen (al menos abiertamente) que las mujeres han sido víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado en el país. Sino porque se trata de un reconocimiento parcial, por no decir acomodado, de esta realidad. Esta parcialidad que ha sido denunciada públicamente, aunque no haya sido suficientemente difundida ni escuchada, resulta esencial en términos de las reflexiones sobre la coyuntura actual y sobre los horizontes de construcción de una nueva sociedad tras la firma de los acuerdos de paz.

Efectivamente, las delegadas y los delegados de las organizaciones de mujeres y LGBTI que participaron en la Mesa de Negociaciones de La Habana los días 24 y 25 de agosto de 2015, en el marco de la subcomisión de género, denunciaron por medio de un comunicado público su preocupación por el “énfasis” que ha puesto el Estado colombiano en las investigaciones sobre la violencia sexual ejercida por las FARC-EP, especialmente dentro de sus filas, mientras que deja “de lado la responsabilidad” de las Fuerzas Armadas, de los grupos paramilitares y de otros actores privados participantes en el conflicto armado.

¿Por qué este “énfasis” en las investigaciones sobre la violencia sexual dentro de las FARC-EP resulta preocupante? No porque no sea necesario denunciar esos hechos, investigarlos y juzgarlos. Esa es una tarea que no puede ser desestimada o postergada. Claro que es necesario que sepamos qué formas de violencia sufrieron las combatientes y excombatientes de las FARC-EP durante su pertenencia a la guerrilla. Por supuesto que estas violencias constituyen un crimen que debe ser esclarecido y juzgado, con o sin acuerdos de paz. Porque como bien lo decía Mariana Ardila, en la emisión que le dedicó la Silla Vacía al tema, la violencia sexual constituye un crimen de guerra y una grave violación a los derechos humanos, que no puede ser amnistiado y que debe ser reparado. Así que no, lo que resulta preocupante no es que el Estado colombiano busque investigar, juzgar y reparar a las víctimas de este tipo de violencias que hayan ocurrido dentro de las filas de un grupo armado insurgente.

Lo que resulta preocupante es que el Estado colombiano decida de facto jerarquizar las violencias sexuales que han sufrido las mujeres, o para decirlo más precisamente, lo preocupante es que el Estado “priorice” a unas mujeres sobre otras en función del actor armado que haya ejercido la violencia sexual. Porque tal “énfasis” evidencia, entre otras cosas, que lo que resulta importante a los ojos del Estado no es la violencia sexual, no son las mujeres víctimas de estas violencias, sino (¿sorprendentemente?) los hombres que las ejercieron y el bando del que hacen o hacían parte. Pues, aparentemente, si una mujer fue violada por un soldado del Ejército colombiano o fue sometida a tratos crueles e inhumanos por un paramilitar, su “caso” es menos importante que el de una mujer que fue obligada a abortar mientras que hacía parte de la guerrilla. Y, como si fuera poco, eso lo decide, así sin más ni más, un Estado que ha negado el derecho que tenemos las mujeres colombianas a decidir libremente sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas limitándonos el acceso al derecho al aborto, al restringirlo en el papel a tres casos (que constituyen sin ninguna duda un avance, pero un avance insuficiente) y en la práctica obligando a muchas mujeres a ser madres con argumentos jurídicos, religiosos y morales.

En este sentido, resulta diciente que la emisión de La Silla Vacía a la que ya he hecho alusión tuviera por título “el aborto como arma de guerra”, porque limita de entrada lo que se va a entender por violencia sexual, que era el tema general que convocaba a las invitadas del programa, por más que la entrada fuera la solicitud presentada por la ONG Women’s Link al Tribunal Superior de Medellín, de condenar algunos miembros del frente José María Córdoba de las FARC-EP por hechos de aborto forzado contra mujeres combatientes. El título, además, no deja de ser confuso, pues en el marco del conflicto armado en el país no resulta claro cómo un actor como las FARC-EP usó el aborto forzado dentro de sus filas como un arma de guerra contra los otros actores armados (en todo caso sí, sí es un arma de guerra si se quiere poner en esos términos, pero es un arma contra las mujeres…dentro o fuera del conflicto armado).

¿Qué es lo que nos deja ver esta “confusión” que hace que el aborto forzado recoja todos los contenidos posibles de la violencia sexual y este “énfasis” del Estado colombiano en la investigación de este crimen al interior de las guerrillas? Que la sociedad colombiana sabe claramente quiénes son los responsables de este tipo de violencia en el marco del conflicto armado. ¿A quiénes se debe juzgar y condenar por estos crímenes? ¡Pues a los guerrilleros! ¿Y a los miembros de las Fuerzas Armadas y a los paramilitares? “Eso lo veremos luego”, parece decir el Estado.

Así las cosas, lo que se configura es una instrumentalización de la violencia sexual para continuar con la guerra por otros medios. Ahora y siempre es clave impedir y rechazar la instrumentalización que haga cualquier actor armado, incluyendo al Estado colombiano, de la violencia sexual, del dolor y del cuerpo de las mujeres. Esos cuerpos, esas vidas, esos dolores, esas voces que exigen justicia no pueden ser usadas por el Estado ni por la insurgencia para continuar con la guerra en medio de las negociaciones o después de la firma (esperada y anhelada) de los acuerdos de paz. Debemos continuar en esa oposición férrea que han asumido durante mucho tiempo diferentes movimientos de mujeres y feministas en el país: la oposición a ser apropiadas y usadas como comodines y peones al antojo de quienes creen que les pertenecemos.

En este caso, el Estado ha buscado dar mayor visibilidad e importancia a los casos de abortos forzados dentro de la guerrilla, casos que existen con certeza pero de los que sabemos poco a pesar de quienes aseguran que es una práctica conocidísima, en detrimento de las investigaciones de las violencias sexuales ejercidas por los otros actores armados e, incluso, contribuyendo al ocultamiento de las violencias cotidianas que sufren las mujeres colombianas en sus propias ciudades, en sus propias casas (porque, como nos lo recuerda muy justamente Juanita Barragán en la emisión de La Silla Vacía, no hace falta entrar a las FARC-EP para ser víctima de múltiples violencias, incluyendo la violencia sexual).

La apropiación de las mujeres por cualquiera de las partes que se enfrentan en cualquier conflicto armado será hoy y siempre inaceptable, porque nuestras luchas, nuestras reivindicaciones, nuestros sueños, nuestras vidas, no les pertenecen ni en medio de la guerra ni en tiempos de “paz”.

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