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Colombia en la OCDE: una relación histórica de subordinación
John Freddy Gómez , Camila Andrea Galindo
El Estado colombiano ha sostenido en la historia una subordinación directa a los Estados Unidos y sus diferentes Instituciones Financieras Internacionales. Mientras que la gran mayoría de las naciones de América Latina en la década de los 70 y 80 eran desfalcadas por las crisis gestadas por el sistema económico internacional liderado por Estados […]
El Estado colombiano ha sostenido en la historia una subordinación directa a los Estados Unidos y sus diferentes Instituciones Financieras Internacionales. Mientras que la gran mayoría de las naciones de América Latina en la década de los 70 y 80 eran desfalcadas por las crisis gestadas por el sistema económico internacional liderado por Estados Unidos, [1] y eran acorraladas económica y militarmente para adoptar políticas neoliberales, el Estado Colombiano las incorporaba como letra sacra debido a los intereses entremezclados de las elites tanto en el escenario nacional como internacional. (Vega, 2014)
Esta característica de Estado conllevó a que Colombia se presente como uno de los más, e incluso como el más violento, de América Latina con graves procesos de violación de los Derechos Humanos auspiciado directamente por Estados Unidos y el gran capital que delinearon y financiaron procesos de opresión a las clases subalternas en el país por medio de créditos, colaboraciones y particularmente por el denominado Plan Colombia que tenia como fuente primaria la estabilidad del Estado y la perpetuación de las relaciones de violencia física estructural y simbólica en el país.
Esta relación ha permanecido relativamente inamovible, aunque debemos considerar las transformaciones a partir del posacuerdo que ha intensificado los procesos de democratización plebeya desde las fuerzas progresistas y de izquierda en el país Esta relación ha permanecido relativamente inamovible, aunque debemos considerar las transformaciones a partir del posacuerdo que ha intensificado los procesos de democratización plebeya desde las fuerzas progresistas y de izquierda en el país llevando a cuestas la represión por parte del establecimiento y sus diferentes prácticas, aun así, este proceso de subordinación del Estado colombiano captado por las elites económicas más retardatarias del continente se mantiene.
Esta dinámica de subordinación llevó al país a finales del año 2017 a postular su adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -de aquí adelante OCDE– tras la invitación directa de esta institución al país que se remonta a principio del año 2013.
La OCDE surgió en el año 1948 en un contexto de posguerra en relación con el Plan Marshall (Toussaint, 2019), que tenia como principio la reconstrucción de Europa jalonada por la contención de la influencia del socialismo, este organismo estaba conformado por líderes europeos y tiene una refundación a finales del año 1961 cuando el acuerdo se oficializa con la inclusión de países de diferentes continentes y de diversas condiciones macroeconómicas, con la condición de cumplir una serie de requisitos que parten de procesos austeritarios. [2] (Vallejo, 2018)
La OCDE dice ser una organización internacional de asesoría para el mejoramiento de las políticas públicas, que se fundamentan en la ortodoxia neoclásica que se concretan en las políticas neoliberales. La OCDE funciona como un club privado en el que los integrantes deben pagar una cuota anual fija y otra variable según la condición de su economía, según varios estudios Colombia debería destinar aproximadamente 6 millones de dólares, aproximadamente 20.400 millones de pesos que representan 10.736.842 raciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE) que tiene el fin de mitigar la alta desnutrición en etapa escolar en el paísLa OCDE funciona como un club privado en el que los integrantes deben pagar una cuota anual fija y otra variable según la condición de su economía
Lo anterior evidencia la racionalidad de un Estado que sume en el oprobio a su pueblo mientras destina recursos a clubes de ricos que imponen o incitan a la adopción de políticas neoliberales.
Con el fin de tener el aval de la OCDE se debió seguir una hoja de ruta que se materializo en “la incorporación de 135 lineamientos, 168 temas en 40 artículos y 8 capítulos del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Muchos más de los mencionados por Simón Gaviria, director del Departamento Nacional de Planeación, quien decía que, el PND 2014-2018 contenía aproximadamente 136 recomendaciones en 44 artículos” (Centro de Estudios Latinoamericanos, 2016) Aunque en principio estas son recomendaciones para ingresar a la institución, en el país se convirtieron en políticas, normas, e instituciones que privilegian las políticas de austeridad fiscal, políticas de regresividad tributaria, beneficios fiscales al gran capital, subordinación a la división internacional del trabajo, liberalización y desregulación de la económica y el sector laboral entre otras reformas totalmente perjudicial para el pueblo colombiano.
Estas reformas adoptadas en temas económicos, ambientales, sociales, políticos y educativos, entre otras tienen un costo valorado en 20 billones de pesos anuales por los siguientes 15 años con un total de aproximadamente 300 billones de pesos,Estas reformas adoptadas en temas económicos, ambientales, sociales, políticos y educativos, entre otras tienen un costo valorado en 20 billones de pesos anuales por los siguientes 15 años con un total de aproximadamente 300 billones de pesos, con lo que se podría: i) implementar la totalidad del Acuerdo de Paz en Colombia, ii) transitar en la transformación de la matriz minero-energética y, iii) construir por lo menos 3 líneas del metro en Bogotá.
El 30 de mayo del año 2018, el entonces presidente Juan Manuel Santos firmó el Acuerdo de ingreso del país a la OCDE bajo el visto bueno de por lo menos 23 comités que perfilaron las políticas de restructuración de la economía colombiana incorporadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Este acuerdo fue ratificado por el Congreso en el mes de abril y la Corte Constitucional lo aprobó el pasado martes 22 de octubre de 2019 bajo el gobierno de Iván Duque.
El ingreso del país a la OCDE ha sido increpado desde diversos sectores sociales y políticos en el país que evidencian la racionalidad basada en políticas que conllevan a la desigualdad, austeridad y subordinación de la economía.
“[…] las recomendaciones de la OCDE, que según Alirio son bastante claras: Aumentar edades de pensión, igualar las edades entre hombres y mujeres, incrementar las cotizaciones, aceptar que la pensión sea inferior al salario mínimo y acabar con el sistema público de pensiones, que según el representante a la cámara, “a día de hoy paga cerca del 85% de las pensiones en Colombia” (Contagio Radio, 2018)
Colombia es el tercer país de América Latina que integra esta organización, los otros dos países son Chile y MéxicoColombia es el tercer país de América Latina que integra esta organización, los otros dos países son Chile y México, los que han seguido las políticas delineadas por la OCDE manteniendo una relativa estabilidad macroeconómica en contra posición del gasto social, la satisfacción plena de los derechos e incentivando la apertura económica y la desregulación plena de la economía. Estas políticas han conllevado a crisis sociales y al aumento del austeritarismo que se plasma en el aumento de la violencia, segregación y criminalización de las clases subalternas. [3]
Así mismo, la OCDE impulsó las reformas estructurales que han conllevado a posteriori a la grave crisis griega, donde esta organización manifestó que Grecia tenía la mejor calificación en cuanto a reformas estructurales, evidenciando la direccionalidad de las políticas implementadas a favor de la acumulación de capital y en contra de la justicia social y la equidad en los países miembros. (Comité de la verdad de la deuda pública, 2015)
Por otro lado, se observa que algunos de los países, que no hacen parte de las metrópolis económicas y que integran esta organización, están enmarcados en una geopolítica de control regionalPor otro lado, se observa que algunos de los países, que no hacen parte de las metrópolis económicas y que integran esta organización, están enmarcados en una geopolítica de control regional como es el caso de Polonia en la Europa Oriental; Turquía en el sur de Europa, Asia y Medio Oriente; Corea del Sur en Asia Oriental, México en Centro y Norte América; y por último Chile y Colombia en América del Sur. Este proceso geopolítico se enmarca en el llamado corredor sanitario en el que se pretende cerrar el paso a políticas que riñan con el sistema imperialista actual.
Ante la ratificación por parte del Congreso y la Corte Constitucional del acuerdo de ingreso a la OCDE de Colombia, el secretario general de esta organización Ángel Gurria, que admitió como miembro a Colombia, presentó un informe en el que insta al Gobierno colombiano y al Estado en general a adelantar, entre otras, las siguientes reformas estructurales:
1. Incrementar la edad de jubilación y el tiempo de cotización, e igualar la
edad entre hombres y mujeres.
2. Reducción o eliminación de subsidios a las pensiones públicas.
3. Reducción el costo de la formalización laboral.
4. Reducción de los costos no salariales.
5. Reducción del salario mínimo y flexibilidad de este.
6. Mantenimiento de la regla fiscal y reducción en el gasto social.
7. Consolidar una educación básica, media y profesional basada en las
necesidades del mercado.
8. Incentivar una mayor apertura económica donde se reduzca o elimine los
aranceles.
9. Mantenimiento de la ley de financiamiento y promover el aumento del
IVA como su ampliación a la canasta básica.
Como se evidencia, las recomendaciones de políticas en materia laboral, pensional, tributaria y educativas entre otras son completamente regresivas, aumentan la desigualdad en el país y consolidaran procesos de austeritarismo donde la violación de los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales se intensificará aún más. Reformas que van de la mano de las exigencias de los grandes gremios y del actual Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla que ha impulsado dichas reformas y que conllevara a una crisis económica como fue el caso de Grecia.
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Bibliografía
Centro de Estudios Latinoamericanos. (2016). La adhesión de Colombia a la OCDE: una equivocación. Obtenido de Centro de Estudios Latinoamericanos: http://ail.ens.org.co/wp-content/uploads/sites/3/2017/11/La-adhesi%C3%B3n-de-Colombia-a-la-OCDE..pdf
Comité de la verdad de la deuda pública. (6 de Octubre de 2015). Informe preliminar del Comité de la Verdad de la deuda pública griega. Obtenido de CADTM: http://www.cadtm.org/Informe-preliminar-del-Comite-de-la-Verdad-de-la-deuda-publica-griega
Contagio Radio. (22 de Junio de 2018). “Presidente Santos le hizo conejo a los pensionados”: Alirio Uribe Muñoz. Obtenido de Contagio Radio: https://www.contagioradio.com/presidente-santos-les-hizo-conejo-a-los-pensionados-alirio-uribe-munoz/
Gómez , J., & Galindo, C. (15 de Abril de 2018). La Deuda Pública en México y su papel en la construccion de un Estado autoritario al servicio del capital. Obtenido de CADTM: http://www.cadtm.org/La-Deuda-Publica-en-Mexico-y-su
Gómez, J., & Galindo, C. (12 de Noviembre de 2018). América Latina en el Laberinto de la Deuda. Obtenido de CADTM: http://www.cadtm.org/America-Latina-en-el-Laberinto-de-la-Deuda
Toussaint, É. (25 de Marzo de 2019). ¿Por qué un Plan Marshall? Obtenido de CADTM: http://www.cadtm.org/Por-que-un-Plan-Marshall
Vallejo, L. (2018). Implicaciones del ingreso de Colombia a la OCDE. Revista apuntes del cenes, Editorial.
Vega, R. (Junio de 2014). Injerencia de los Estados Unidos, contrainsurgencia y terrorismo de Estado. Obtenido de Alto comisionado para la paz : http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/mesadeconversaciones/PDF/injerencia-de-los-estados-unidos-contrainsurgencia-y-terrorismo-de-estado-1447172348-1460380901.pdf
Notas
[1] Para mayor información de la crisis de los 70 y 80 en América Latina remitirse a (Gómez & Galindo, 2018)
[2] El austeritarismo es la relación simbiótica entre austeridad y autoritarismo.
[3] Para mayor información sobre esta dinámica remitirse a (Gómez & Galindo, 2018)
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Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Coordinador del “Grupo de Estudio Economía Digna".Integrante del CADTM Colombia y de la Plataforma Ciudadana por la Auditoria de la Deuda Pública en Colombia “En Deuda con los Derechos. Investigador en temas de Economía política. Autor de artículos de opinión y análisis de coyuntura. Experto en temas de financiarización, globalización y Deuda como herramienta de despojo en Colombia y América Latina, con trabajo del estudio de caso de Colombia, Honduras, México y Puerto Rico.
Camila Andrea Galindo
Abogada y candidata a Magister en Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Colombia. Coordinadora del “Grupo de Estudio Economía Digna". Integrante del CADTM Colombia y de la Plataforma Ciudadana por la Auditoria de la Deuda en Colombia “En Deuda con los Derechos. Investigadora en temas de Derechos Humanos. Autora de artículos de opinión y análisis de coyuntura. Experta en temas de financiarización, globalización y Deuda como herramienta de despojo en Colombia y América Latina, con trabajo del estudio de caso de Colombia, México y Puerto Rico.
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